¿Defensor de qué?

Madrugo. Y mis neuronas tardan, esta es la verdad, en despertarse del todo. Esta mañana no ha sido una excepción. Pero el despertar de mis sentidos ha sido temprano, repentino, inapelable. Escuchaba, como de costumbre, la radio cuando así, sin previo aviso, oigo la siguiente noticia: “El Defensor del Pueblo navarro recomienda revocar una sanción a un alumno del IES Valle del Ebro”. El estupor inicial no hace sino crecer cuando sigo oyendo los hechos. Estos son: un joven de 2º de la ESO de este centro de Tudela desobedeció a un profesor que le mandó que recogiera un papel que había en el suelo del patio, tras la negativa del muchacho el profesor le impone una falta que se traduce en una medida educativa: limpiar el patio; la negativa continúa pues sigue alegando que él no ha tirado el citado papel al suelo. Tras esto la sanción acaba convirtiéndose en dos días de expulsión a casa. La madre del alumno recurre al Defensor del Pueblo y éste da la razón a la familia, alegando, entre otras razones, que “resulta desproporcionado que una discrepancia entre alumno y profesor, que no tuvo ninguna trascendencia al exterior y se desarrolló de forma educada y pacífica, pueda considerarse una grave alteración de la convivencia en el centro”, que es como se consideró la conducta para que acarreara la expulsión. En la prensa escrita, en el Diario de Navarra, también aparece la noticia que puede ser consultada.

¡Madre del amor hermoso! Es mi primer pensamiento, y otros muchos que ahora intentaré poner blanco sobre negro.

Considero esta noticia una de las peores que un docente puede escuchar: la autoridad que conlleva de manera intrínseca la relación profesor-alumno pisoteada de mala manera. Al señor don Francisco Javier Enériz, a la sazón el Defensor arriba aludido, le parece, además que “se ha vulnerado el derecho fundamental a la educación del alumno sancionado, así como las garantías exigibles al derecho administrativo sancionador”. Es decir, considera que una medida adoptada por un grupo de profesionales de la educación, la inasistencia al centro, no es parte de la educación del muchacho; nos viene a decir, don Francisco, algo así como que ese derecho a la educación consiste exclusivamente en la recepción de conocimientos en el aula, pero que fuera de ella –en el patio- el profesor no tiene nada que “educar”: como si nada, se atreve a equiparar la versión del alumno con la del profesor y la convierte en una “discrepancia”. Bonito palo introducido en la rueda, ¡muchas gracias!

Para rematar la faena, y por si la injerencia fuera poca hasta aquí, concluye con una resolución que “concede un plazo de dos meses al Departamento de Educación para que informe sobre la aceptación de su recomendación y de las medidas a adoptar al respecto o, en su caso, de las razones que estime para no aceptarla”. De no hacerlo así, afirma que incluirá el caso en su informe anual al Parlamento de Navarra. El tono amenazante es más que obvio.

¿Pero adónde vamos a llegar? Una institución tan seria como el Defensor del Pueblo, a la que tanto hay que alabar en su quehacer, entrometiéndose en la actividad profesional de un profesor y de la directiva de un centro educativo. ¿No les suena esto a cuando un progenitor acude a un instituto o un colegio a pedir explicaciones sobre por qué le han quitado el móvil a su niño, solo porque ha sonado en clase? Siento vergüenza ajena de una acción tal viniendo de donde viene. ¿Qué mensaje les estamos lanzando a nuestros menores en formación? ¿Qué precedente tan inapropiado se sienta con una respuesta de este tipo? ¿Qué autoridad le resta a la profesión del profesor que lidia cada día y cada hora con las “discrepancias” de los alumnos? ¿Qué papel tiene ahora la directiva de este centro educativo? ¿Debería acatar la velada amenaza del Defensor del Pueblo o sería más apropiado “discrepar educadamente” y pasarse la resolución por el arco del triunfo?

Hoy se ha dado un paso atrás en una labor de toda la sociedad en general y  del profesorado en particular: educar a nuestros menores. Para todas estas preguntas no tengo respuestas, la verdad. Aunque para la última sí: compañeros del IES Valle del Ebro de Tudela, discrepad abiertamente ante pisoteo tal, no retrocedáis ni un milímetro, tirad la recomendación de don Francisco Javier a la papelera –no al suelo.

Me parece una excelente ocasión para que nuestro Departamento de Educación ponga las cosas en su sitio y para que ayude a dignificar nuestro trabajo.

¡Desde aquí mi más firme apoyo a los compañeros del Valle del Ebro!

Añado un poco de información al asunto, pasadas ahora unas cuantas horas de reflexión y de conversaciones con compañeros. Esta información no es otra que la resolución completa que se ofrece, de manera pública, en la web del Defensor del Pueblo de Navarra. Aseguro a todo aquel que se “atreva” con su farragosa lectura que el texto no tiene desperdicio alguno, por su contenido, y también por su forma: cargadísimo de un tono legalista y de una intrincada sintaxis, por una parte,  (imagino que lo propio de la labor del señor Defensor) y, por otra,  con una redacción de la madre del interfecto para la que no tengo calificativos. Ahí va: “Resolución 34/2001, de 11 de febrero, del Defensor del Pueblo de Navarra, por la que se resuelve la queja formulada por doña [?].”